Josep Mª Montaner. Arquitecto
El País, Cataluña
Los desahucios por no poder pagar la hipoteca se han convertido en uno de los problemas sociales más importantes de Cataluña, con 44.000 familias a punto de perder su casa, de las aproximadamente 230.000 ejecuciones hipotecarias que hay en toda España. No olvidemos que en Estados Unidos casi 30 millones de personas, la mayoría de raza negra y origen hispano, han perdido su vivienda o podrían entrar en ese proceso a causa de la crisis de las hipotecas subprime. Y en nuestro país se ha ido desvelando un fenómeno terrible: el que no puede pagar, por haberse quedado sin trabajo, descubre que la hipoteca debida, sobretasada en el periodo de la burbuja inmobiliaria, sobrepasa ahora el precio real, que por el procedimiento de ejecución hipotecaria, tras la subasta, ha caído al 50%. El banco o caja que se queda la vivienda le reclama la diferencia entre lo que aún debe y el bajo valor actual, y extiende el embargo a avaladores y familiares, incluso en los países de origen, como Bolivia o Ecuador. Ni en los países de la Unión Europea ni en Estados Unidos, cuando la entidad financiera se queda la vivienda, reclama encima una cantidad. Lo que dice el artículo 47 de la Constitución Española sobre el derecho a una vivienda digna se ha convertido en una trampa neoliberal, al convencernos de que la solución era comprar la vivienda.
Unas 44.000 familias en Cataluña están a punto de perder su casa por no poder pagar las cuotas a los bancos
En esta crisis el que lo pierde todo es la parte más frágil de la sociedad, muchas veces migrantes que trabajaban en el mismo sector de la construcción, a los que se aboca a la desesperación y a la pobreza de por vida. No olvidemos que en 2003 a quien escribía sobre los peligros de la burbuja inmobiliaria se le tachaba de agorero y los economistas negaban que existiera tal burbuja, aunque en el año 2004 el Banco de España situaba la sobrevaloración en el 20% y The Economist en el 52%. Es como lo que pasaba en los años noventa cuando alguien se refería a la especulación inmobiliaria: se le tachaba de izquierdista trasnochado y se le decía que, con los Ayuntamientos democráticos, ya no existía la especulación.
Los hechos demuestran que está siendo mucho peor de lo previsible, aunque hasta hace poco se negaran la especulación y la burbuja. Este fraude, en el que hay muchas complicidades, ha adoptado muy diversas caras, incluidas las viviendas sociales vendidas muy por encima del precio legal en Badia del Vallès.
Desde hace año y medio, los afectados se han agrupado en torno a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que asesora y defiende a aquellos que están sufriendo el desastre de ver reducidos sus ingresos, no poder pagar la hipoteca de un piso que se sobrevaloró y sentirse avergonzados, perdedores, estafados, desechos de la sociedad de consumo. Un movimiento que ha ido ampliándose y que el pasado noviembre consiguió detener un desahucio en La Bisbal del Penedès.
Porque peor que estar hipotecado, que lo estamos casi todos, es la hipoteca de quedar aislado, vulnerable, sin redes sociales ni capacidad de unirse para luchar. Un aislamiento que lleva a aceptar lo que proponen las entidades financieras: estudiar los casos uno a uno, individualmente, evitando que los afectados se organicen. Como si fuera un problema individual y aislado. Y esto es lo que está cambiando, tal como sucedió en el año 2006, cuando muy diversos grupos de jóvenes con dificultades de acceso a la vivienda, que desde 2003 se expresaban en movimientos dispersos, empezaron a coordinarse en la Plataforma para una Vivienda Digna, V de Vivienda y otros movimientos.
Lo que solicita la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es de sentido común: la dación en pago de la vivienda, sin tener que pagar una diferencia creada por la especulación y por unos procedimientos de ejecución abusivos. Y es que en vez de avanzar hacia una vivienda digna, sostenible, flexible, no jerárquica, cualificada y adecuada para las sociedades contemporáneas, descubrimos indignados que, ante el estructural problema de la vivienda en el capitalismo, el sistema financiero ha elaborado un paso más sofisticado aún para producir exclusión y crear miles de siervos de los bancos.
Por ello, finalmente, lo más inmediato que se ha resuelto es la aprobación de un impuesto, el polémico 'canon digital', que se aplica a todos los dispositivos y soportes tecnológicos susceptibles de poder contener una película o una canción copiada. Un canon que todas las asociaciones de internautas han denunciado como anticonstitucional, ya que persigue compensar un daño patrimonial que no tiene por qué haberse cometido. 
